ESKÁNDALO LADRIPROGRESISTA
Ratifican la denuncia contra Sbatella (UIF) por 'cajonear' la denuncia contra Schoklender
El abogado José Magioncalda, titular de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, se presentó esta mañana ante el juez federal Sergio Torres para ratificar la denuncia penal contra José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo acusa de presunto 'cajoneo' de la acusación contra Sergio Schoklender
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La denuncia penal contra José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), por el supuesto 'cajoneo' de la investigación contra Sergio Schoklender fue ratificada este jueves (16/06) en los tribunales.
El juez federal a cargo del caso, Sergio Torres, citó para esta mañana a cumplir ese trámite procesal al denunciante, el abogado José Magioncalda, titular de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional.
La acusación alcanza además a los otros "funcionarios vinculados a las actuaciones administrativas generadas con motivo de la denuncia efectuada por la diputada Elsa Quiroz en junio de 2010 respecto de las operaciones inmobiliarias del doctor Sergio Schoklender".
El artículo 249 del Código Penal establece que "será reprimido con multa de 750 pesos a 2.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".
La denuncia cita declaraciones periodísticas de la diputada Elsa Quiróz, que acusó a la UIF de "mirar para el costado" y de no actuar con la "rapidez necesaria" frente al pedido que realizó hace un año para investigar al ahora ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por supuestas irregularidades.
"La gravedad de los conceptos vertidos en los medios de comunicación por la diputada Quiroz y la repentina decisión de la UIF de remitir a la Fiscalía las actuaciones, una vez que la demora en cuestión tomara estado público, pareciera suficiente motivo como para investigar penalmente si existió una conducta dilatoria por parte de la máxima autoridad de la UIF", dijo el escrito.
Para el denunciante "resulta imprescindible determinar desde cuándo el análisis de la operación reportada se encontraba agotado, y por tanto, en condiciones de ser elevado al Ministerio Público".
"Si la remisión de los autos no fue una mera coincidencia, sino la consecuencia de que la situación relatada por la diputada Quiroz tomara estado público, entonces, significa que la investigación estaba en condiciones de ser elevada con anterioridad, más aún, teniendo en cuenta que la UIF tuvo un año para hacer sus evaluaciones desde que la diputada Quiroz realizara su denuncia", afirmó la denuncia.
La presentación judicial reclama entonces investigar "los hechos denunciados" y que "se apliquen las más severas sanciones a quienes resulten autores de los mismos".Hace dos semanas, Sbatella intentó justificar la injustificable demora en la investigación.
"Hay una denuncia de movimientos de fondos pero falta el delitos precedentes", explicó el funcionario en diálogo con C5N. "La UIF para poder elevar una investigación tiene que tener indicios de los delitos precedentes", añadió.
Según consideró Sbatella, "esos delitos precedentes implican coordinar la información con otros organismos del Estado y elevarlos a un fiscal para que evalúe si vale la pena la denuncia penal o se archiva".
"Todas las denuncias que se hicieron acá tiene un proceso natural, que es cruzarlo con la investigación interna y pedir datos a los otros organismos del Estado", explicó Sbatella.
En tal sentido, el titular del organismo encargado de recibir la denuncia añadió que "cuando eso (las pruebas) sirve para figurar algo, se eleva a la Justicia". Al mismo tiempo aclaró que el caso tomó estado público ahora, aunque "la cuestión estaba bajo investigación de rutina como todas las otras" desde hace tiempo.
"En los plazos en que está la investigación, depende del retorno de la información y puede aparecer como aparecen otros hechos de otras empresas relacionadas, que hay que armarlas como un rompecabezas y eso es lo que se eleva al fiscal", concluyó.
El juez federal a cargo del caso, Sergio Torres, citó para esta mañana a cumplir ese trámite procesal al denunciante, el abogado José Magioncalda, titular de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional.
La acusación alcanza además a los otros "funcionarios vinculados a las actuaciones administrativas generadas con motivo de la denuncia efectuada por la diputada Elsa Quiroz en junio de 2010 respecto de las operaciones inmobiliarias del doctor Sergio Schoklender".
El artículo 249 del Código Penal establece que "será reprimido con multa de 750 pesos a 2.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".
La denuncia cita declaraciones periodísticas de la diputada Elsa Quiróz, que acusó a la UIF de "mirar para el costado" y de no actuar con la "rapidez necesaria" frente al pedido que realizó hace un año para investigar al ahora ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por supuestas irregularidades.
"La gravedad de los conceptos vertidos en los medios de comunicación por la diputada Quiroz y la repentina decisión de la UIF de remitir a la Fiscalía las actuaciones, una vez que la demora en cuestión tomara estado público, pareciera suficiente motivo como para investigar penalmente si existió una conducta dilatoria por parte de la máxima autoridad de la UIF", dijo el escrito.
Para el denunciante "resulta imprescindible determinar desde cuándo el análisis de la operación reportada se encontraba agotado, y por tanto, en condiciones de ser elevado al Ministerio Público".
"Si la remisión de los autos no fue una mera coincidencia, sino la consecuencia de que la situación relatada por la diputada Quiroz tomara estado público, entonces, significa que la investigación estaba en condiciones de ser elevada con anterioridad, más aún, teniendo en cuenta que la UIF tuvo un año para hacer sus evaluaciones desde que la diputada Quiroz realizara su denuncia", afirmó la denuncia.
La presentación judicial reclama entonces investigar "los hechos denunciados" y que "se apliquen las más severas sanciones a quienes resulten autores de los mismos".Hace dos semanas, Sbatella intentó justificar la injustificable demora en la investigación.
"Hay una denuncia de movimientos de fondos pero falta el delitos precedentes", explicó el funcionario en diálogo con C5N. "La UIF para poder elevar una investigación tiene que tener indicios de los delitos precedentes", añadió.
Según consideró Sbatella, "esos delitos precedentes implican coordinar la información con otros organismos del Estado y elevarlos a un fiscal para que evalúe si vale la pena la denuncia penal o se archiva".
"Todas las denuncias que se hicieron acá tiene un proceso natural, que es cruzarlo con la investigación interna y pedir datos a los otros organismos del Estado", explicó Sbatella.
En tal sentido, el titular del organismo encargado de recibir la denuncia añadió que "cuando eso (las pruebas) sirve para figurar algo, se eleva a la Justicia". Al mismo tiempo aclaró que el caso tomó estado público ahora, aunque "la cuestión estaba bajo investigación de rutina como todas las otras" desde hace tiempo.
"En los plazos en que está la investigación, depende del retorno de la información y puede aparecer como aparecen otros hechos de otras empresas relacionadas, que hay que armarlas como un rompecabezas y eso es lo que se eleva al fiscal", concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario