PARA GARRÉ EL CONGRESO NO EXISTE Y LO VOLVIÓ A DEJAR EN CLARO

UN DESAIRE QUE PUEDE RESULTARLE GRAVOSO

Para Garré, el Congreso (al menos el que no es FpV) no existe

 La ministra de Seguridad, Nilda Garré, faltó a la cita del plenario de 

las comisiones de Seguridad Interior, Presupuesto y Hacienda y 

Narcotráfico, para debatir la emergencia en materia de seguridad 

por el término de 2 años y la radarización del territorio nacional. En 

marzo ella había faltado a la Cámara de Diputados, cuando fue 

convocada para dar explicaciones sobre la actitud de las fuerzas de 

seguridad ante el bloqueo de las plantas de distribución de los 

diarios Clarín y La Nación. 

Diciembre: Se crea el Ministerio de Seguridad luego de que se registraran varias muertes tras la toma del Parque Indoamericano. Nilda Garré es nombrada como su titular (Foto: Daniel Luna/Télam).

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Garré había sido invitada para dar su opinión sobre el tema proyecto de ley para declarar por 2 años la emergencia en materia de seguridad ciudadana y avanzar en la radarización.

A la reunión conjunta con las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Presupuesto y Hacienda, que se desarrolló en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta, si concurrieron el diputado nacional Julián Obiglio (PRO), autor de un proyecto de ley de derribos de aviones presentado recientemente; y el cineasta y especialista en temas aeronáuticos Enrique Piñeyro, entre otros especialistas.

Tal como había ocurrido el 30 de marzo cuando había sido convocada para dar explicaciones sobre la actitud de las fuerzas de seguridad ante el bloqueo de las plantas de distribución de los diarios Clarín y La Nación, Garré no dio explicaciones sobre su ausencia ni envió ninguna nota al Senado:simplemente ignoró la convocatoria y no concurrió, como lo hizo notar la titular de la comisión de Justicia, Sonia Escudero, al inicio de la reunión.

El proyecto de ley (Expte. Nº 347/11) para declarar la emergencia en seguridad por 2 años, presentado por la senadora Hilda de Duhalde, ordena al Ejecutivo Nacional que realice una serie de medidas y acciones mientras dure la emergencia, entre las que se destaca la construcción y reacondicionamiento de las cárceles necesarias para alojar a todos los procesados y condenados por delitos; también deberá equipar adecuadamente los juzgados correccionales y criminales.

Asimismo, deberá ejecutar obras y equipar los establecimientos dedicados al tratamiento integral de niños y adolescentes con problemas de adicciones y también aquellos que albergan jóvenes infractores a la ley penal.

Otra de las medidas contempladas en la norma, apunta a “mejorar la implementación o crear programas de integración social de jóvenes de 14 y 25 años que no estudien ni trabajen y se encuentren en situación de riesgo social, y también aquellos programas de becas destinados a facilitar la reincorporación de niños y adolescentes al sistema educativo”.

El proyecto también lleva las firmas de otros 14 senadores de diferentes bloques opositores: los salteños Sonia Escudero, Juan Carlos Romero y Juan Pérez Alsina; los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre; los radicales Gerardo Morales, Emilio Rached y Eugenio Artaza; el santafesinoCarlos Reutemann; el pampeano Carlos Verna; Blanca Monllau (Frente Cívico y Social de Catamarca); Roberto Basualdo (San Juan); Adriana Bortolozzi de Bogado (Formosa); y Samuel Cabanchik (Ciudad de Buenos Aires).

El proyecto también destaca la necesidad de equipar adecuadamente los juzgados correccionales y criminales; ejecutar obras y equipar los establecimientos dedicados al tratamiento integral de niños y adolescentes con problemas de adicciones.

Otra de las medidas contempladas en la norma establece “mejorar la implementación o crear programas de integración social de jóvenes de 14 y 25 años que no estudien ni trabajen y se encuentren en situación de riesgo social, y también aquellos programas de becas destinados a facilitar la reincorporación de niños y adolescentes al sistema educativo”.El texto incluye un artículo relativo a la radarización. Sostiene que el Poder Ejecutivo deberá, dentro de los treinta días de promulgada la ley, “informar al Congreso sobre el estado de implementación del Sistema nacional de vigilancia y comunicación aeroespacial, aprobado por Decreto 1407/04; y someter para su aprobación las medidas complementarias y/o correctivas para consolidar definitivamente un plan integral de radarización y control de las fronteras del país, a fin de erradicar el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas y personas”.